La reforma universitaria es para los jóvenes. Es una reforma que vela por los intereses de todos los jóvenes y no por intereses particulares. Por mucho tiempo el Estado no ha velado por la calidad de la oferta pública y privada en la educación universitaria. Implementar la reforma va a ser un camino difícil y sacrificado. Pero es un camino inevitable si queremos ser un país en el que los peruanos tengan la oportunidad de construir su propio futuro. Hay una ruta ordenada por la que se ha empezado a caminar, y no se debe de interrumpir. 

Reforma es cambio, y cambio implica en muchos casos, que haya ganadores y perdedores. Los ganadores de la reforma que se ha iniciado serán los estudiantes. Los perdedores son quienes, en el sector privado, proveen un servicio de baja calidad pero que obtienen ganancias de la venta de ese mal servicio y quienes, desde el sector público, tienen cuotas de poder e ingresos que no están dispuestos a dejar, aun cuando eso perjudique la calidad de la educación que se les da a esos estudiantes. La reforma afecta esos intereses particulares.

Y es esperable que quienes se vean afectados hagan todo lo posible por hacer que esta reforma retroceda. Tienen poder e ingresos que perder. En estos momentos hay en el Congreso de la República una propuesta de ley que pretende dar un salvavidas a aquellos rectores que, en contra de la voluntad de su propia comunidad universitaria, pretenden aferrarse al cargo contraviniendo lo que la ley, las normas y los procedimientos establecen. Es una propuesta que afecta el derecho que la Ley Universitaria les da a los estudiantes de −vía voto universal− participar en la elección de sus autoridades. Esta norma obliga a las universidades a rendir cuentas de manera más transparente sobre el uso de los recursos públicos. He hecho el ejercicio de encontrar alguna razón por la cual algunos legisladores, asumiendo que su intención es el interés de los jóvenes, puedan estar convencidos de que el mantenimiento de estas autoridades en sus cargos es conveniente. No la encuentro.

Desde un punto de vista legal, las normas establecen que las autoridades deben de renovarse antes del 31 de diciembre. Una ley que extiende este mandato premia a quienes no están cumpliendo con las normas. Desde un punto de vista pragmático, es difícil creer que algunos legisladores quieran afectar el derecho de los estudiantes de elegir a rectores que sean los líderes más adecuados para la universidad moderna, democrática, innovadora y comprometida con el desarrollo del país que necesitamos. Y hay otro último punto de vista, quizás el más importante: los rectores de nuestras universidades tienen la inmensa responsabilidad de formar profesionales y ciudadanos. Nada más y nada menos que formar al futuro del Perú. ¿Cuál es el ejemplo que algunos de ellos les están dando a sus estudiantes? Les están diciendo: si una ley no te gusta, sácale la vuelta, incúmplela por todos los medios posibles. ¿Y cuál es el ejemplo que este proceso les está dando a esos estudiantes? Si una ley afecta tus intereses individuales, cabildea para que esa ley se cambie, ¿a quién le importa si esa ley es buena o mala para los ciudadanos del Perú? Solo interesa si la ley es buena para tus intereses particulares o no.

Como país, tenemos que reconocer que una reforma de nuestro sistema universitario es indispensable. Necesitamos una institucionalidad que permita supervisar a las universidades respetando escrupulosamente su autonomía (la Sunedu y su consejo directivo se constituyeron al comienzo de este año), establecer estándares básicos de calidad (la Sunedu los publica esta semana), hacer que esos estándares se cumplan (el Reglamento de Infracción y Sanciones está casi culminado), concluir la renovación de autoridades en las universidades públicas (todas, excepto San Marcos, tienen un nuevo estatuto y solo nueve tienen rectores que han obstaculizado el avance del proceso), dar mejor información sobre las universidades y lo que pasa con sus egresados (el observatorio Ponte en Carrera está en línea desde julio), fomentar la formación de los docentes (la beca Catedrático de Pronabec para 500 docentes operará desde 2016), formar a las autoridades de las universidades en gestión (en setiembre se inició la Primera Diplomatura de Buen Gobierno en la Universidad Pública en convenio con la PUCP), fomentar la investigación (el Minedu firmó en setiembre el primer convenio con Concytec por 24 millones para fomentar la investigación en universidades públicas) y fomentar una acreditación de calidad internacional (el proyecto de ley está ya en el Congreso a la espera para su debate).

Esta reforma es para los jóvenes, no para quienes tienen intereses en las universidades. La reforma universitaria es indispensable porque la deuda que tenemos con los jóvenes del país es inmensa. Les debemos una universidad peruana que crea, que investiga, que forma, exige y compromete a sus alumnos para que trabajen duro como profesionales y como ciudadanos por el futuro del Perú. Y esa deuda la tenemos que empezar a pagar.